Andalucía
Edición Cantoria - Andalucía - El Gobierno andaluz protegerá a las personas denunciantes del fraude y la corrupción
El Gobierno andaluz protegerá a las personas denunciantes del fraude y la corrupción

ANDALUCÍA.- El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de medidas encaminadas a la protección de la persona denunciante del fraude y la corrupción. Será la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la encargada del desarrollo de estas iniciativas en cumplimiento de sus competencias.

El Gobierno andaluz considera necesario este amparo, de tal forma que se regule la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretende que estas personas tengan garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica, y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias.

Para el Ejecutivo autonómico, uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad en el control eficaz de sus instituciones. Con frecuencia, existen reticencias por parte de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una actuación fraudulenta a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. En consecuencia, la Junta pretende ofrecer una adecuada protección a las personas denunciantes a través de mecanismos que generen confianza y que promuevan una mayor implicación ciudadana.

Las nuevas medidas se integrarán en un único texto legal junto con la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. De esta forma, y conforme a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Principio Administrativo Común de las Administraciones Públicas, El Gobierno andaluz estaría dando cumplimiento a principios tales como el de necesidad y eficacia o el de seguridad jurídica, procurando un marco normativo estable, integrado y claro.

Andalucía
Edición Cantoria - Andalucía - El Gobierno andaluz protegerá a las personas denunciantes del fraude y la corrupción
El Gobierno andaluz protegerá a las personas denunciantes del fraude y la corrupción

ANDALUCÍA.- El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar las actuaciones necesarias para la adopción de medidas encaminadas a la protección de la persona denunciante del fraude y la corrupción. Será la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la encargada del desarrollo de estas iniciativas en cumplimiento de sus competencias.

El Gobierno andaluz considera necesario este amparo, de tal forma que se regule la protección y la tutela de los derechos de todas las personas que denuncien posibles irregularidades y actuaciones fraudulentas o corruptas por parte de las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretende que estas personas tengan garantizado el derecho a la protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica, y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias.

Para el Ejecutivo autonómico, uno de los pilares fundamentales para la lucha contra la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad en el control eficaz de sus instituciones. Con frecuencia, existen reticencias por parte de las personas que tienen conocimiento de la existencia de una actuación fraudulenta a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias. En consecuencia, la Junta pretende ofrecer una adecuada protección a las personas denunciantes a través de mecanismos que generen confianza y que promuevan una mayor implicación ciudadana.

Las nuevas medidas se integrarán en un único texto legal junto con la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. De esta forma, y conforme a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Principio Administrativo Común de las Administraciones Públicas, El Gobierno andaluz estaría dando cumplimiento a principios tales como el de necesidad y eficacia o el de seguridad jurídica, procurando un marco normativo estable, integrado y claro.